Chihuahua, Chih., Integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso del Estado de Chihuahua presentaron ante el pleno del Congreso del Estado de Chihuahua un dictamen que propone reformar la Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas para el Estado de Chihuahua, con el objetivo de garantizar que niñas, niños y adolescentes reciban información clara y adecuada a su edad cuando enfrenten procesos relacionados con hechos de violencia.
La iniciativa, impulsada por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, plantea reconocer el derecho de los menores a recibir información veraz, comprensible y empática cuando participen en procedimientos legales, ya sea como víctimas directas o como testigos.
De acuerdo con el dictamen, la violencia no solo deja secuelas físicas, sino también afectaciones emocionales y psicológicas, las cuales pueden agravarse cuando las instituciones o los adultos responsables optan por ocultar información con la intención de proteger al menor.
Los legisladores señalaron que esta falta de información puede generar incertidumbre, miedo o sentimientos de culpa, lo que constituye una forma de revictimización institucional.
La propuesta establece que autoridades como ministerios públicos, policías, jueces y cuidadores deberán explicar a los menores lo ocurrido y los pasos que seguirá su proceso legal, utilizando un lenguaje adecuado y sensible a su edad.
Asimismo, la reforma busca armonizar la legislación estatal con instrumentos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño y lineamientos de las Naciones Unidas en materia de atención a víctimas.
El documento señala que en el estado de Chihuahua miles de menores presencian cada año hechos delictivos o situaciones de violencia en su entorno, por lo que la iniciativa busca convertir en obligación legal las buenas prácticas de atención, además de impulsar personal capacitado y ajustes en los procedimientos judiciales.
Entre las medidas contempladas también se incluye evitar la repetición innecesaria de declaraciones de los menores y prevenir su exposición a situaciones intimidatorias durante los procesos legales.
Finalmente, la propuesta enviada al Congreso de la Unión plantea la creación de un Protocolo Nacional especializado, con el fin de homologar los criterios de atención a menores víctimas en todo el país.
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