Organizaciones y colectivas defensoras de los derechos humanos exigieron a autoridades estatales y federales medidas urgentes tras el ataque armado contra la familia de Mayte Regina Gardea González, ocurrido la noche del 24 de diciembre en Pitorreal, municipio de Bocoyna.
El conflicto que motivó la agresión se remonta a 2009 y está relacionado con el activismo de Gardea, quien ha acompañado a la comunidad de Majimachi ante denuncias de despojo y explotación de tierras ejidales. La afectada ha documentado los hechos y presentado pruebas ante la Fiscalía General del Estado, incluidas grabaciones del ataque reciente.
La organización Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses A.C. solicitó a las autoridades implementar medidas cautelares inmediatas para proteger la vida e integridad de Gardea y su familia, así como la intervención del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Asimismo, exigieron una investigación expedita y transparente que considere el activismo de Mayte como la principal línea de investigación, y la detención de los responsables materiales e intelectuales del ataque, quienes ya han sido plenamente identificados.
La colectividad también demandó atención integral para la familia desplazada, incluyendo acompañamiento de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAVE), apoyo económico de emergencia y condiciones de seguridad adecuadas.
En su comunicado, las organizaciones enfatizaron que una respuesta inmediata es vital para evitar la escalada de agresiones, reiterando su llamado con la consigna: “¡Ni una más!”.
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