Chihuahua, Chih., El Congreso del Estado de Chihuahua envió al Congreso de la Unión una iniciativa de decreto que busca reducir de tres meses a 30 días el plazo máximo para que las autoridades federales respondan a solicitudes presentadas por la ciudadanía. La propuesta pretende atender una de las principales quejas en los trámites administrativos federales relacionadas con la demora en la emisión de resoluciones.
La diputada Irlanda Márquez Nolasco, en representación de la Comisión de Justicia, explicó que la iniciativa contempla reformas a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El objetivo es agilizar los procesos administrativos y judiciales para fortalecer el acceso efectivo a la justicia y garantizar respuestas oportunas y eficaces por parte de las autoridades.
De acuerdo con lo expuesto por diputadas y diputados del PAN, la propuesta surge ante los plazos excesivos que pueden tardar las dependencias federales en responder, especialmente en casos que requieren atención urgente o cuando la vida de las personas puede estar en riesgo. Actualmente, algunas instituciones pueden demorar hasta tres meses en emitir una respuesta, lo que ha normalizado la práctica conocida como silencio administrativo.
Este silencio administrativo se interpreta legalmente como una resolución negativa ficta, lo que obliga a la persona solicitante a iniciar un procedimiento legal para impugnar la falta de respuesta. La iniciativa señala que la ambigüedad en los plazos legales permite interpretaciones arbitrarias y genera incertidumbre tanto para la ciudadanía como para las propias autoridades. Con la reducción del plazo a 30 días, se busca fortalecer derechos humanos como el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva y el derecho a una buena administración pública, además de promover mayor transparencia, certeza jurídica y eficiencia en la actuación gubernamental.
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