La presidenta de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), María Amparo Casar, enfrenta un proceso judicial por el caso de la pensión vitalicia que obtuvo de Petróleos Mexicanos (Pemex) tras la muerte de su esposo. La Fiscalía General de la República (FGR) inició un procedimiento legal en su contra, acusándola del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades en relación con la pensión de viudez que recibió desde 2005.
El origen de la pensión de Casar Pérez se remonta a los beneficios derivados de su esposo, quien trabajó en Pemex como coordinador ejecutivo de la Dirección Corporativa de Administración en 2004, cargo que ocupó durante 129 días. Sin embargo, en marzo de 2024, Pemex suspendió el pago de dicha pensión, al considerarla un cobro indebido, argumentando que la muerte del esposo no fue consecuencia de un accidente laboral, sino que se trató de un suicidio.
A pesar de esta suspensión, María Amparo Casar y sus hijos continuaron recibiendo el beneficio económico durante años, lo que ha generado controversia. La FGR alega que Casar Pérez incurrió en el uso indebido de atribuciones al gestionar la pensión en circunstancias que no correspondían a los criterios establecidos por Pemex para otorgar este tipo de beneficios.
Este caso ha provocado un amplio interés debido a la relevancia pública de María Amparo Casar como líder de una de las organizaciones más conocidas en la lucha contra la corrupción en México. La acusación por el manejo de los recursos públicos añade una capa más de complejidad a la figura de Casar, quien hasta el momento no ha emitido declaraciones oficiales sobre el proceso en su contra.
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