Pide diputado Pedro Torres elevar sanciones por cirugías estéticas en menores de edad
Chihuahua, Chih., El diputado Pedro Torres Estrada, integrante del Grupo Parlamentario de morena, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para reformar el artículo 320 del Código Penal de Chihuahua con el fin de aumentar las penas de prisión a quienes practiquen o permitan cirugías estéticas en personas menores de 18 años. La propuesta busca reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes frente a procedimientos sin justificación médica que puedan poner en riesgo su integridad.
Torres Estrada recordó que el artículo cuarto constitucional garantiza el derecho a la salud y reconoce la necesidad de brindar una protección reforzada a las personas menores de edad debido a su etapa de desarrollo físico, emocional y psicológico. Señaló que el Estado está obligado a establecer normas claras para impedir intervenciones médicas con fines meramente estéticos y sin sustento clínico.

El legislador advirtió que la legislación vigente presenta vacíos que no delimitan de manera precisa las conductas prohibidas ni las sanciones aplicables a profesionales de la salud que realicen procedimientos estéticos en menores de edad. Esta falta de claridad genera espacios de impunidad y permite la continuidad de prácticas riesgosas.
La iniciativa presentada es similar en espíritu a la denominada Ley Nicole y tiene como propósito principal salvaguardar la integridad física y psicológica de niñas, niños y adolescentes. Actualmente el artículo 320 establece penas de seis meses a seis años de prisión, pero la propuesta plantea aumentar hasta una mitad la sanción cuando se trate de cirugías estéticas sin fines estrictamente médicos, reparadores o reconstructivos contemplados en la Ley Estatal de Salud.
El diputado enfatizó que la prohibición se dirige exclusivamente a intervenciones realizadas con fines de embellecimiento y no aplica a procedimientos necesarios para corregir afectaciones graves a la salud. Añadió que toda intervención deberá basarse en altos estándares éticos y clínicos, contar con dictámenes médico y psicológico, además del consentimiento informado de ambos padres o tutores.





