Dinamarca., Cuando Keira dio a luz a su hija en noviembre del año pasado, apenas pudo tenerla entre sus brazos durante dos horas antes de que las autoridades la colocaran bajo custodia. Aquellos primeros minutos se volvieron una cuenta regresiva cargada de angustia. Keira, de 39 años, recuerda que no podía apartar la vista del reloj mientras intentaba prolongar cada instante con la pequeña Zammi. Cuando llegó el momento de entregarla, rompió en llanto y solo alcanzó a susurrarle a su bebé un lo siento que aún la persigue. Describe ese momento como la sensación de perder una parte de su alma.

La historia de Keira no es aislada. Forma parte del creciente número de mujeres groenlandesas que viven en la Dinamarca continental y que enfrentan la separación de sus hijos luego de que los servicios sociales intervinieron tras aplicar pruebas de aptitud parental conocidas como FKU. Estas evaluaciones determinaban si una persona era considerada apta para ejercer el rol de madre o padre y, con frecuencia, daban pie a la retirada temporal o definitiva de menores.

Durante décadas, estas pruebas fueron objeto de fuertes críticas, especialmente respecto a su uso en familias de origen groenlandés. Finalmente, en mayo de este año, el gobierno danés decidió prohibir su aplicación específicamente en familias provenientes de Groenlandia. No obstante, las evaluaciones continúan utilizándose en hogares daneses en situaciones que las autoridades consideran de alto riesgo para la niñez.

Los procesos de evaluación pueden prolongarse durante meses y se aplican únicamente en casos que los servicios sociales catalogan como complejos en materia de bienestar infantil. Su uso está orientado a determinar si existe riesgo de negligencia o maltrato, aunque para muchas madres como Keira estos procedimientos han significado una batalla legal y emocional para intentar reunirse nuevamente con sus hijos.