Chihuahua.- El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, calificó la aprobación de la llamada “Ley Beatriz”, impulsada por la gobernadora Maru Campos Galván, como un paso firme hacia una justicia con perspectiva humana y social. La nueva normativa, también conocida como Ley de Indulto, busca otorgar el perdón a personas que hayan sido víctimas de procesos judiciales con irregularidades o violaciones a sus derechos humanos.
La iniciativa surge del caso de Beatriz, una mujer rarámuri condenada por homicidio en defensa propia, sin haber recibido traducción ni asesoría legal adecuada. De la Peña explicó que la gobernadora, al conocer su historia, promovió esta ley para evitar que situaciones similares se repitan.
La legislación contempla la creación de un comité interdisciplinario encargado de revisar los expedientes y emitir dictámenes al Ejecutivo estatal, quien decidirá si procede o no el indulto. El primer caso a analizar será precisamente el de Beatriz, actualmente privada de su libertad y sentenciada a ocho años de prisión.
De acuerdo con cifras oficiales, en los penales del estado de Chihuahua se encuentran 545 hombres y 19 mujeres indígenas sentenciados, muchos de ellos sin haber contado con defensa o traducción adecuada durante sus juicios.
“Esta es una ley humanista que busca corregir errores del sistema y garantizar que nadie permanezca en prisión por falta de una defensa justa”, concluyó De la Peña.
About the Author
