Chihuahua, Chih., La diputada por Morena, María Antonieta Pérez Reyes, hizo un enérgico llamado al Gobierno del Estado para que revise a fondo los perfiles de quienes encabezan tres áreas clave de la administración estatal, cuyas fallas recientes —afirmó— están perjudicando gravemente a la sociedad juarense.
El caso más reciente que exige respuesta, señaló la legisladora, es el de los delitos detectados en el bar “Lupe-Lupe”.
“Es un tema grave desde varios ángulos. En ese lugar operaban redes de explotación de mujeres, trata de personas e incluso tráfico de drogas, y está ubicado nada menos que en la zona dorada de Ciudad Juárez”, denunció Pérez Reyes.
Reconoció el trabajo de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer (FEM) en el operativo, pero subrayó que la responsabilidad recae en la oficina de Gobernación Estatal, encargada de supervisar los llamados giros negros.
“Estamos viendo la incapacidad de funcionarios del Gobierno del Estado en varias áreas. Aquí está el ejemplo de Gobernación: ¿dónde está el titular y su equipo de trabajo?”, cuestionó.
La diputada también recordó el escándalo del crematorio Plenitud, donde se descubrieron casi 400 cuerpos sin el destino final legal a pesar de que sus familiares habían pagado por los servicios de incineración.
“¿Qué pasó con el titular de COESPRIS y sus colaboradores?”, preguntó, exigiendo rendición de cuentas.
En un tercer punto, Pérez Reyes mencionó las irregularidades en la oficina de Recaudación de Rentas en Juárez, documentadas en medios de comunicación.
“Se ha detectado que existe un grupo de personas que realiza cambios de propietario de vehículos sin verificar la autenticidad de las facturas, muchas de las cuales no son originales ni emitidas por las agencias correspondientes”, denunció.
Finalmente, la diputada hizo un llamado urgente para que el Gobierno del Estado evalúe los perfiles y desempeño de los funcionarios al frente de Gobernación, COESPRIS y Recaudación de Rentas, al considerar que su gestión está dañando a la población juarense.
“Estas malas actuaciones no solo afectan a la ciudadanía, sino que también dejan en mal lugar al Gobierno del Estado y a la propia Gobernadora”, concluyó
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