En una sesión que se extendió hasta la madrugada, la Cámara de Diputados aprobó con 322 votos a favor, 128 en contra y tres abstenciones la reforma a la Ley de Amparo, modificando el artículo transitorio que definía la aplicación del nuevo marco legal a los juicios en curso. El dictamen será turnado al Senado para su análisis y eventual aprobación.

El punto más debatido fue el tercer artículo transitorio. Originalmente, este establecía que los procesos abiertos continuarían bajo la ley anterior, pero la redacción fue modificada a propuesta del diputado Hugo Eric Flores, de Morena, para que solo las etapas concluidas conserven la normatividad previa. En consecuencia, los actos procesales pendientes deberán ajustarse a la nueva legislación.

Durante la discusión, Flores defendió que esta modificación no viola la Constitución, sino que responde a principios del derecho procesal, el cual aplica de forma inmediata a las etapas no resueltas sin afectar derechos adquiridos. En la misma línea, Ricardo Mejía sostuvo que la nueva redacción “corrige la inconstitucionalidad y se ampara en el principio de aplicación inmediata de las leyes procesales”.

Por su parte, el senador Ricardo Monreal argumentó que la reforma busca agilizar procesos y mejorar la recaudación fiscal. Explicó que actualmente existen juicios de nulidad que suman más de 100 mil millones de pesos y pueden extenderse hasta por 22 años, lo que limita al Estado a recuperar apenas 0.5 por ciento de los recursos. Según Monreal, esta situación permite que deudores eviten el pago mediante suspensiones judiciales.

La oposición, encabezada por el PAN, cuestionó duramente la reforma al considerar que vulnera derechos constitucionales y restringe el uso del amparo como herramienta de defensa ciudadana. El diputado Federico Döring calificó la modificación como “un robo” y acusó que el oficialismo busca debilitar la protección frente a los abusos del poder. Afirmó que la nueva ley beneficia a funcionarios y allegados al gobierno, dejando en desventaja a los ciudadanos.

Tras un debate prolongado que concluyó cerca de las 4:00 de la mañana, el dictamen fue aprobado y enviado al Senado. Se prevé que la discusión continúe en los próximos días, en medio de posturas divididas sobre su impacto en el equilibrio entre los derechos ciudadanos y la eficacia del sistema judicial mexicano.