Chihuahua, Chih., a 14 de octubre de 2025.- La Diputada Leticia Ortega Máynez, integrante del Grupo Parlamentario de morena en el Congreso del Estado de Chihuahua, ha dirigido un posicionamiento oficial y una serie de cuestionamientos puntuales a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en relación con la implementación y resultados de la Plataforma Centinela.
La legisladora subrayó que la seguridad pública es una función esencial del Estado y debe ejecutarse con estricto apego a los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas. En ese sentido, expresó su preocupación por la falta de información verificable y los limitados resultados visibles en torno a uno de los proyectos más costosos en la historia reciente del estado: la Plataforma Centinela.
Dicho proyecto, adjudicado de manera directa a la empresa Seguritech Privada S.A. de C.V., contempla una inversión superior a los 4,700 millones de pesos para instalar una red de videovigilancia compuesta por más de 3,000 cámaras PTZ, 4,800 cámaras fijas, 1,791 lectoras de placas, 102 arcos carreteros, 11 filtros Centinela, drones y estaciones de trabajo, entre otros elementos tecnológicos.
Sin embargo, indicó la diputada Ortega Máynez, los altos índices de violencia en el estado —incluyendo homicidios dolosos, desapariciones y extorsiones— así como la percepción ciudadana de inseguridad, que rebasa el 80% en ciudades como Juárez y Chihuahua, contrastan con las expectativas planteadas al inicio del proyecto.
Asimismo, la diputada hizo referencia a los antecedentes controvertidos de la empresa adjudicataria en otras entidades del país, como Baja California, Guanajuato, Ciudad de México y el Estado de México, donde se han documentado irregularidades, sobrecostos y falta de resultados comprobables en proyectos similares.
La reserva de información técnica bajo el argumento de seguridad pública, añadió, impide que la ciudadanía y los legisladores ejerzan su derecho a la supervisión, especialmente en un proyecto financiado con recursos estatales por varios miles de millones de pesos.
Ante este panorama, y en ejercicio de sus facultades constitucionales, la Diputada Ortega Máynez formuló las siguientes preguntas a la SSPE, solicitando respuestas claras y sustentadas en evidencia documental:
1. ¿Cuáles fueron los criterios técnicos y operativos que justificaron la adjudicación directa del contrato a la empresa Seguritech, sin licitación pública?
2. ¿Cuántos de los elementos tecnológicos comprometidos (cámaras, arcos carreteros, subcentros, drones, lectores de placas, etc.) han sido instalados y están actualmente operando? Favor de desglosar por tipo y municipio.
3. ¿Cuál es el porcentaje de avance físico y operativo de la Torre Centinela y de la Plataforma Centinela al cierre del último trimestre? ¿Cómo se compara este avance con el cronograma pactado con el contratista?
4. ¿Qué mecanismos de supervisión ha implementado la SSPE para verificar el cumplimiento del contrato, y qué sanciones se han aplicado por retrasos, fallas técnicas o incumplimientos?
5. ¿Qué indicadores concretos de reducción de incidencia delictiva se han obtenido desde la puesta en marcha del sistema? ¿Existe una relación directa entre estos resultados y la operación del sistema de videovigilancia?
6. ¿Qué disminución específica de delitos, como homicidios dolosos, puede atribuirse a la Plataforma Centinela, por municipio, con cifras comparadas año con año?
7. ¿Qué mecanismos de evaluación existen para medir la efectividad del sistema (tiempos de respuesta, delitos esclarecidos, incidentes evitados, etc.)?
8. ¿Qué controles técnicos y administrativos se han implementado para evitar el uso indebido del sistema, como el espionaje político o fines distintos a la seguridad pública?
La Diputada Ortega Máynez concluyó señalando que solo mediante transparencia, rendición de cuentas y evaluación objetiva, se podrá confirmar si la Plataforma Centinela cumple su propósito de proteger a las y los chihuahuenses. Subrayó que estas preguntas no están sujetas a reserva alguna y su respuesta representa una obligación institucional frente a la ciudadanía y el Congreso.“La seguridad no puede basarse solo en el discurso tecnológico. Debe sustentarse en resultados medibles que se traduzcan en una vida más segura para todas y todos”, afirmó la legisladora.
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