Durante los primeros ocho meses de su segundo mandato, el presidente Donald Trump ha enfocado sus políticas migratorias no solo en reducir la llegada de personas sin autorización, sino también en limitar las vías legales de entrada a Estados Unidos. La administración ha implementado medidas que afectan a refugiados, solicitantes de asilo, estudiantes y trabajadores calificados, con el argumento de priorizar a los ciudadanos estadounidenses y proteger empleos.

En sus primeras acciones, Trump suspendió la admisión de refugiados, afectando a miles de personas que habían completado sus procesos legales, incluyendo a afganos amenazados por el talibán y familiares de personal militar estadounidense. Además, eliminó la protección temporal (TPS) a ciudadanos de varios países y restringió programas provisionales que evitaban deportaciones de personas de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua. La Casa Blanca también recuperó la prohibición de entrada a ciudadanos de determinados países, justificando la medida por seguridad nacional.

Los estudiantes extranjeros han sido objeto de revisiones más estrictas, incluyendo la revocación de visas por supuestas violaciones legales y el examen de sus cuentas en redes sociales. Trump propuso limitar la duración de visas académicas y periodísticas, así como imponer una tasa de 100 mil dólares para trabajadores calificados bajo la visa H-1B, lo que afectará la contratación de profesionales especializados por parte de empresas tecnológicas.

Expertos advierten que estas políticas están provocando un descenso histórico de la población inmigrante en Estados Unidos, con más personas saliendo del país que ingresando. Esta tendencia ha generado preocupación por el impacto económico, la disponibilidad de trabajadores y la pérdida de la imagen del país como destino de oportunidades y talento global.

La administración Trump enfrenta críticas y desafíos legales, y aunque algunas medidas han sido suspendidas temporalmente por tribunales, su impacto ya se refleja en la reducción de estudiantes y profesionales extranjeros en el país. Analistas aseguran que si las restricciones se mantienen, las consecuencias se sentirán durante años, tanto en la economía como en la percepción internacional de Estados Unidos.