CDMX. – Los últimos meses han sido cuesta arriba para Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública. Primero, la polémica por sus vacaciones en Lisboa, después un altercado con un periodista en pleno vuelo retrasado y ahora, el caso que realmente le quita el sueño: el huachicol fiscal y sus vínculos políticos.

La tensión se disparó tras la retención del diputado federal Mario Alberto  López Hernández por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. Además de retirarle la visa, los agentes habrían confiscado su teléfono celular, aparato que, según versiones en Palacio Nacional, contiene información delicada que compromete a varios actores, entre ellos al propio Delgado.

El asunto no es menor. En Tamaulipas, prácticamente toda la estructura de Morena incluido el gobernador Américo Villarreal y figuras del Partido Verde aparecen en las pesquisas sobre las redes de contrabando de combustibles. Desde alcaldes y legisladores hasta operadores locales, muchos de ellos con línea directa al número personal del titular de la SEP.

El historial no ayuda: las conexiones con Sergio Carmona, el huachicolero ejecutado en 2021; la sombra del exgobernador Cabeza de Vaca y sus supuestas operaciones de espionaje contra los hijos del presidente; y el entramado financiero que liga a operadores políticos con capos del contrabando marítimo como Roberto Blanco Cantú, aún prófugo.

Mientras tanto, en los pasillos de la 4T gana fuerza la versión de que Mario Delgado estaría valorando dejar el gabinete de Claudia Sheinbaum para lanzarse en 2027 por la gubernatura de Colima. Lo cierto es que, con un celular en manos de la CBP y el huachicol de por medio, su futuro político parece estar más en entredicho que nunca.