La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Marina y el Servicio de Administración Tributaria formalizaron un convenio de colaboración para reforzar la vigilancia en el transporte e ingreso de bienes en México. El acuerdo establece bases de coordinación interinstitucional con el fin de intercambiar información y aplicar controles más estrictos mediante la Carta Porte digital.

En la firma participaron el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, en representación de la Marina; Jesús Antonio Esteva Medina, por parte de la SICT; y Antonio Martínez Dagnino, del SAT. Las autoridades destacaron que la medida busca prevenir y combatir el contrabando de mercancías de origen ilícito, además de mejorar la seguridad en los traslados.

El convenio permitirá el uso de tecnologías de información para realizar inspecciones, verificaciones y supervisión del cumplimiento de la normativa. Con ello se pretende dar seguimiento al movimiento de bienes dentro del país, así como integrar datos sobre vehículos, responsables de traslado, puntos de origen y destino de los productos. Desde su implementación en 2022, el sistema de factura electrónica ha emitido más de mil 510 millones de CFDI con complemento Carta Porte, registrados por alrededor de 140 mil emisores.

Las instituciones involucradas señalaron que el acuerdo también responde al llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum para avanzar hacia un modelo de movilidad confiable y sostenible a largo plazo. Recalcaron que la cooperación es fundamental para la planeación y la innovación en materia de transporte y fiscalización.

La firma de este convenio se da en medio del caso de huachicol fiscal que recientemente expuso una red de contrabando en el país. El operativo nacional permitió el decomiso histórico de 10 millones de litros de diésel del buque Challenge Procyon en Tamaulipas y derivó en casi 50 detenciones, entre ellas altos mandos militares, empresarios y exfuncionarios. La investigación continúa con aseguramientos y cateos en Ciudad de México, Estado de México y Querétaro, además de la polémica por la muerte de dos marinos vinculados al inicio de las pesquisas.