CHIHUAHUA.— Las principales presas del estado de Chihuahua enfrentan una severa crisis hídrica al operar con apenas un 18.9 % de su capacidad total, según datos oficiales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Esta situación pone en jaque a usuarios de municipios cercanos, el ciclo agrícola y el abastecimiento doméstico, en un contexto de sequía extrema que afecta al 99.7 % del territorio estatal.

Entre las presas con niveles más alarmantes destacan La Boquilla con solo 14.9 % de almacenamiento una caída que supera el 50 % en el último año, Francisco I. Madero (Las Vírgenes) con 11.7 % y El Rejón que pasó del 87 % al 31.2 %. El embalse Chihuahua, aunque con un porcentaje mayor (44.6 %), también muestra una reducción considerable. En conjunto, estos embalses han perdido cerca de 800 millones de metros cúbicos en los últimos doce meses, la mayor disminución en cuatro años.

¿Qué implica esta crisis para los usuarios?

La reducción en las reservas de agua impacta principalmente en el riego agrícola, esencial para la economía rural y la seguridad alimentaria. La sequía, calificada en niveles extremos y excepcionales, amenaza las próximas cosechas, afectando directamente a miles de productores y a los empleos que generan. Además, municipios que dependen de estos embalses para consumo humano e industrial, como San Francisco de Conchos, enfrentan posibles restricciones en el suministro.

La pesca, el turismo y las actividades recreativas vinculadas a estos cuerpos de agua también sufren las consecuencias, reduciendo fuentes de ingreso y afectando la calidad de vida de las comunidades.

Comparado con otros estados, Chihuahua está entre los más afectados, ocupando el octavo lugar en pérdida de almacenamiento, con solo 834 hm³ disponibles de un total de 3,907 hm³. La situación es similar en estados vecinos como Sinaloa y Sonora, que enfrentan también condiciones severas.

Ante este panorama, la Conagua mantiene un manejo estratégico del agua, coordinándose con usuarios a través de modelos técnicos y planes de acción para mitigar el impacto. Sin embargo, el déficit hídrico exige también inversiones en infraestructura y políticas públicas que puedan garantizar el acceso al agua en un contexto de cambio climático y presiones internacionales por los tratados de agua con Estados Unidos.