Se postula jueza Hortencia García Rodríguez a magistratura penal en Chihuahua, tras liberar a César Duarte sin audiencia pública
Chihuahua, Chih.— La jueza de Control Hortencia García Rodríguez, quien ordenó la liberación del exgobernador César Duarte Jáquez, se encuentra formalmente postulada para ocupar una magistratura penal dentro del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. La aspiración se da en medio de cuestionamientos públicos relacionados con sus decisiones judiciales y vínculos personales con figuras del ámbito político y legal.
La magistratura a la que García Rodríguez aspira forma parte del proceso regular de renovación del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Su nombre ha ganado notoriedad pública luego de que, el 4 de junio de 2025, firmó un oficio con el que levantó la medida cautelar de prisión preventiva en contra de César Duarte, sin convocar a audiencia pública previa. Según explicó en el documento judicial 43157/2024, el plazo constitucional de la prisión preventiva vencía el 5 de junio.
Dos días después, el 6 de junio, se realizó la audiencia formal de modificación de medidas cautelares, cuando Duarte Jáquez ya se encontraba en libertad.
Cabe señalar que Duarte enfrenta acusaciones por peculado y asociación delictuosa agravada, en el presunto desvío de 96.7 millones de pesos durante su mandato como gobernador de Chihuahua entre 2010 y 2016. La causa penal en su contra es una de las más emblemáticas de la llamada Operación Justicia para Chihuahua.
El proceso de selección de magistraturas ha encendido el debate sobre la necesidad de garantizar independencia judicial, imparcialidad y transparencia, sin sesgos políticos ni de género. Aunque no existe hasta ahora una sanción o procedimiento oficial contra García Rodríguez, voces ciudadanas han solicitado una revisión exhaustiva de los vínculos personales que podrían representar conflictos de interés, especialmente en casos de alta relevancia pública.
García Rodríguez ya había sido señalada por su actuación en otros procesos judiciales delicados, como el caso del exfiscal Francisco González Arredondo, donde fue acusada de negarse a declinar el caso a la FGR pese a la existencia de argumentos federales, hasta que un Tribunal Colegiado intervino.
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