Chihuahua, Chih.— Integrantes del Colectivo Un Nuevo Amanecer alzaron la voz este fin de semana durante un encuentro de personas desplazadas realizado en la ciudad de Chihuahua. Las familias que lo integran vienen de comunidades profundamente golpeadas por la violencia: Guanaceví en Durango; Guadalupe y Calvo, El Vergel y Balleza, ubicadas en la región de Parral; El Manzano en Uruachi; Monterde en Guazapares; así como Coloradas de la Virgen y La Sierrita, del municipio de Guadalupe y Calvo.
Este colectivo, compuesto por víctimas directas del desplazamiento forzado en la Sierra Tarahumara, expuso con crudeza las violencias que los obligaron a abandonar sus hogares: asesinatos, desapariciones, violaciones, amenazas, quema de viviendas, despojo de tierras, criminalización y el reclutamiento forzado de jóvenes por parte de grupos armados que se disputan el control del territorio, todo lo anterior al exterior de congreso del estado junto a la plaza de armas del centro de Chihuahua.
“Algunas de nuestras familias fueron desplazadas desde hace más de 15 años. Vivíamos en paz, cultivábamos nuestras tierras, cuidábamos el bosque. Hoy sobrevivimos como podemos en las ciudades, sin documentos, sin trabajo, sin acceso a salud ni vivienda digna”, denunciaron.
A pesar de la gravedad de los delitos sufridos, muchas de estas familias siguen sin ser reconocidas legalmente como víctimas por el Estado. La razón: no presentaron denuncias formales, aun cuando los hechos son del dominio público. Las víctimas señalan que este criterio es una forma más de revictimización.
“Exigimos se nos otorgue la calidad de víctimas a quienes fuimos desplazados y que esto no dependa de una denuncia, cuando lo que vivimos es una tragedia colectiva y notoria.”
El testimonio de este colectivo pone sobre la mesa una realidad incómoda que las autoridades prefieren no ver: el fracaso institucional frente al desplazamiento forzado, especialmente en zonas indígenas. “Si se garantizaran condiciones reales de seguridad, regresaríamos a nuestras comunidades. Pero sin justicia ni castigo a los responsables, ese retorno sería una sentencia de muerte”, afirmaron.
En caso de que el retorno sea imposible, exigen reubicación en espacios donde puedan vivir de manera digna, con tierra suficiente para sembrar y preservar sus tradiciones. “La ciudad nos margina. Aquí nuestras niñas y niños no entienden a sus maestras porque no hablan su lengua. No hay proyectos productivos para nosotros. Estamos condenados a la pobreza y al olvido.”
Varias de estas comunidades ya han ganado juicios en tribunales que reconocen sus derechos, pero las sentencias siguen sin cumplirse. “Lo que falta no es ley, es voluntad”, advirtieron.
El Colectivo Un Nuevo Amanecer lanzó un llamado urgente al gobierno estatal, una reunión de trabajo en no más de 15 días, con la presencia de titulares de las Secretarías de Gobierno, Salud, Educación, Desarrollo Humano y Bien Común, la Fiscalía, CEAVE y COESVI. “No queremos discursos, queremos compromisos firmes. No más evasivas.”
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