Chihuahua.- Más de 150 integrantes del Poder Judicial de Chihuahua 136 jueces y 19 magistrados han presentado su declinación para participar en las próximas elecciones judiciales programadas para el 1 de junio de 2025. La decisión aún no ha sido detallada en su totalidad.

Diversos actores dentro del ámbito judicial han señalado que esta ola de renuncias responde a ciertos desafíos y ajustes en el proceso de selección, en el marco de la reciente reforma judicial impulsada a nivel nacional. Aunque se han planteado inquietudes sobre la aplicación inicial del nuevo sistema, es importante resaltar que la reforma fue concebida para modernizar el mecanismo de selección, eliminando prácticas tradicionales que favorecían el nepotismo y el compadrazgo.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Chihuahua, Myriam Hernández Acosta, declaró:

 “La decisión de declinar participar es un ejercicio de autonomía personal en un contexto de cambio que busca garantizar mayor transparencia y una verdadera meritocracia en nuestro sistema judicial.”

Fuentes cercanas al proceso aseguran que, a pesar de que las declinaciones podrían complicar la conformación de las listas definitivas, la continuidad del servicio se preservará, dado que los jueces en funciones cuentan con un pase automático que reconoce su trayectoria. Además, se espera que los ajustes necesarios fortalezcan el proceso electoral y contribuyan a un sistema de justicia más moderno y profesional.a

Algunos críticos nacionales de oposición han expresado reservas sobre la transición hacia un sistema de elección popular, señalando la necesidad de afinar detalles en la implementación. Sin embargo, expertos y defensores de la reforma destacan que esta iniciativa representa una oportunidad histórica para depurar el proceso de selección, permitiendo que sólo los candidatos con altos estándares académicos y profesionales accedan a posiciones de alta responsabilidad.

El Congreso local deber reorganizar el proceso . Mientras se esperan las listas definitivas de aspirantes, la administración judicial y el INE (Instituto Nacional Electoral) han asegurado que se implementarán mecanismos adicionales para garantizar la integridad y transparencia del proceso electoral.