La privatización de la salud representó ser uno de los ejes rectores de las reformas neoliberales a través de la instrumentación de la descentralización y la segmentación. Con el pretexto de que la atención médica era de mala calidad y costosa, los gobiernos anteriores redujeron la inversión en infraestructura y la cobertura de plazas; en cambio, aumentaron los contratos con particulares.
El resultado de estas políticas neoliberales generó fracturas, sustituyendo los valores que obedecen a protección de un derecho, por la ética mercantilista de la iniciativa privada. La fragmentación soportada por la privatización y la tercerización de los derechos laborales de los trabajadores de la salud han sido los resultados.
Básicamente lo que hizo en las administraciones neoliberales fue vaciar los diferentes sistemas del sector salud, el ISSTE, el IMSS, y diversos sistemas de pensiones estatales, hasta dejarlos como un cascaron. La estrategia fue, ir desincorporando los servicios de salud, que los mismos centros otorgaban a sus derechohabientes. La subrogación es uno de los muchos esquemas de los que echaron mano en su empeño por desmantelar al Estado mediante la transferencia de recursos públicos a agentes privados. Es decir, el Estado pagó para que se entregara un servicio público a un privado, con el fin de aumentar sus ganancias, imponiendo limitaciones en calidad o alcances de ese derecho social.
En el estado de Chihuahua, los gobiernos del PAN y el PRI, han seguido esta política de desmantelamiento, pues muchos de los servicios derivan de contrataciones con el sector privado.
En el gobierno, panista y duartista, de María Eugenia Campos Galván, los datos están a la vista y son públicos. Específicamente en el Instituto Chihuahuense de la Salud (ICHISAL), en servicios generales de un presupuesto de 230,655,044 pesos, la cantidad de 95,935,070.45 se destina casi en su totalidad a pagar servicios privados. Los servicios que se contratan a diferentes compañías son ventilación mecánica, insumos para banco de sangre, pruebas de laboratorio, servicio de osteosíntesis, servicios de hemodiálisis, arrendamiento de inmuebles para almacén y farmacia, otros bienes terapéuticos y hasta pago por copias.
Este esquema es altamente permeable a la corrupción y al tráfico de influencias. Por ejemplo, la Auditoría Superior del Estado en el informe que acaba de entregar al Congreso Local, detectó que las empresas Medikamenta y Santek Health, obtuvieron una licitación pública por 180 millones de pesos presentando documentos falsos durante el 2022, en un contrato de Proveeduría del Servicio Integral de Administración, Almacenamiento, Distribución y Dispensación de Bienes Terapéuticos y Otros Materiales. Las irregularidades se encontraron en el sistema de adquisiciones. El informe expone múltiples irregularidades, desde adjudicaciones directas sin justificación hasta manipulaciones en licitaciones. El informe del Ichisal incluye 18 observaciones, 9 recomendaciones. Además, 7 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS), dos informes de presunta responsabilidad administrativa (IPRAS) y dos denuncias de hechos.
En el informe, consultable en la página de la ASE, se puede observar cómo la Farmacéutica Medikamenta obtuvo el contrato sin cumplir con requisitos esenciales, como la copia simple de la última verificación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Además, los dos participantes presentaron documentación presumiblemente falsa, entre ella, el Aviso de Registro de Prestadores de Servicios Especializados (REPSE) emitido por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
También, el informe de la ASE incluyó una de las promociones de responsabilidad se emitió conforme al contrato ICHS-079/2022, por 11 millones 32 mil pesos para Biodist S.A. de C.V., que recibió en licitación directa sin justificación y sin acreditar investigación de mercado.
Casos como los expuestos, debieran dejar claro que el Estado no puede abdicar de sus responsabilidades en la provisión de servicios de salud. También constituyen memorándums de que el mercado y sus agentes se mueven por fines de lucro incompatibles con las necesidades sociales, por lo que transferirles funciones del sector público no resuelve las insuficiencias y, por el contrario, genera otros problemas, como la corrupción.
